¿Podrá Adela Torrebiarte controlar a los demonios?
por Arcadio de la Torre.
“Los demonios andan sueltos.” Esta expresión de Leonardo Franco, el primer director de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), describe con total actualidad el período crítico por el que atraviesa la seguridad pública, que llevó en marzo pasado a la caída de un ministro de Gobernación y del jefe de la Policía Nacional Civil y al nombramiento de Adela Camacho de Torrebiarte como la primera mujer que encabeza el Ministerio del Interior en la historia de Guatemala. La pregunta que todos se hacen es: ¿podrá ella con los demonios que andan sueltos?
El desborde de la violencia
Leonardo Franco, el primer director de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), acuñó una frase para describir la situación de violencia incontrolada en el país a mediados de la década de los 90 del siglo pasado: “los demonios andan sueltos”, dijo el diplomático de origen argentino.
Esos mismos demonios, o en todo caso parientes muy cercanos de aquellos, andan de nuevo sueltos y en Guatemala muchos se preguntan: ¿Y ahora, quién podrá defendernos?
La pregunta va más allá de la evocación chespiritesca y alude al hecho de que la violencia y la criminalidad están desbordadas, llegando a niveles tanto o más graves que en los años del conflicto armado interno, en medio de una situación en la que la ciudadanía ha perdido la confianza en la Policía Nacional Civil (PNC).
A poco más de diez años de su creación, la PNC es percibida como el principal foco de infección en una dilatada y extendida crisis del sistema de seguridad y justicia.
De acuerdo con los resultados de un estudio privado de opinión pública realizado a mediados de marzo pasado, a los que estePaís tuvo acceso, el 40 por ciento de los consultados respondió que la PNC es la institución pública que menos confianza le despierta.
La ejecución extrajudicial de cuatro ciudadanos salvadoreños, tres de ellos diputados al Parlamento Centroamericano, y la posterior eliminación física de los cuatro policías presuntos asesinos, en una también presunta cárcel de máxima seguridad, fueron la gotas que derramaron el vaso en la cascada que llevó al despeñadero la credibilidad de la PNC.
La desconfianza, sin embargo, no parece asentarse únicamente en una mala percepción pública –que eventualmente podría remediarse con una imaginativa campaña publicitaria– sino sobre todo en el deterioro del clima de seguridad pública en el país, evidenciado por índices de criminalidad que se dispararon en los últimos cuatro años.
En efecto, según estadísticas sistematizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), sobre la base de informaciones oficiales de la propia PNC, entre 2003 y 2006 los homicidios aumentaron 39 por ciento, a un ritmo promedio de crecimiento de 9.75 por ciento por año. Sin embargo sólo entre 2005 y 2006 las muertes causadas por la violencia crecieron 10.85 por ciento.
En cifras absolutas esto significa que en el primero de esos años fueron asesinadas 5 mil 308 personas y en el siguiente los homicidios llegaron a 5 mil 884 casos. En promedio, durante el conflicto armado interno, se estima que morían anualmente unas 4 mil personas.
En medio de ese aterrador panorama, algunos datos adicionales son en sí mismos preocupantes. Tal es el caso de las muertes violentas de mujeres, que pasaron de 383 en 2003 a 603 el año pasado, para un crecimiento de 57.4 por ciento en cuatro años.
Esto es, un crecimiento anual promedio de 14.3 por ciento, notoriamente más acelerado que el conjunto de los homicidios. En cuatro años, más de 2 mil mujeres fueron asesinadas en Guatemala. En la mexicana Ciudad Juárez, desde 1993 han muerto de forma violenta poco más de 400 mujeres y eso fue suficiente para convocar la atención internacional, encabezada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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